ESPAÑA VA A CAMBIAR EL REY PERO ES QUE BRUSELAS LE PIDE QUE CAMBIE EL PAIS

Además de la sorpresa de la abdicación de Don Juan Carlos I España ha tenido hoy más motivos para preocuparse. La Comisión Europea ha pedido este lunes a España "nuevas medidas" para acabar con la segmentación en el mercado laboral, entre ellas la reducción del número de contratos, así como rebajar las cotizaciones sociales y compensar la pérdida de ingresos con subidas del IVA y de impuestos medioambientales es decir poner en práctica una devaluación fiscal con el fin de ser más competitiva y rehacer mas su productividad, estas recomendaciones no es ni la primera ni la segunda vez que se le dice al gobierno español pero este no se atreve a hacerlo porque teme y con razón que le estalle una revolución social en toda regla.

España tiene que tomar medidas definitivas y concretar los ajustes que tiene previsto adoptar para cumplir los objetivos de reducción de déficit en 2015 (4,2%) y en 2016 (2,8%). y debe "emprender nuevas medidas para reducir la segmentación del mercado laboral con el fin de favorecer empleos sostenibles y de calidad, incluyendo la reducción del número de tipo de contratos y garantizando un acceso equilibrado a los derechos de despidos.

España debería adoptar antes de fin de año una reforma fiscal completa para hacer el sistema tributario más simple y que favorezca el crecimiento y la creación de empleo, la preservación del medio ambiente y la estabilidad de los ingresos, para conseguir desplazar los ingresos hacia impuestos que distorsionan menos, como los que gravan el consumo, los medioambientales (por ejemplo sobre los carburantes para coches) y los que gravan la propiedad.

El Gobierno de Mariano Rajoy tiene que "acelerar la modernización de los servicios públicos de empleo" y "garantizar la aplicación eficaz, antes de finales de 2014, de las iniciativas de cooperación entre los sectores público y privado en los servicios de colocación". Y poner en marcha la garantía juvenil para proporcionar a los menores de 25 años en paro o que finalizan su educación un empleo, prácticas o formación adicional en un plazo de cuatro meses.

La reforma fiscal debe asimismo eliminar las deducciones "ineficientes" en el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta, así como "considerar la posibilidad de reducir las cotizaciones empresariales a la seguridad social, en particular en el caso de los empleos con salarios reducidos". Finalmente, España tiene que "tomar medidas para evitar que la fiscalidad obstaculice el funcionamiento armonioso del mercado interior español".

Se exige además a las autoridades españolas "garantizar la eliminación efectiva del déficit del sector eléctrico a partir de 2014, tomando, en su caso, las medidas estructurales adicionales necesarias". También recomienda "abordar el problema de las autopistas de peaje insolventes de modo que se minimicen los costes para el Estado", así como "establecer, antes de finales de 2014, un observatorio independiente que contribuya a la evaluación de los grandes proyectos futuros de infraestructura". España debe aplicar la reforma de las administraciones públicas, así como reforzar los mecanismos de control e incrementar la transparencia de las decisiones administrativas, en particular a nivel local y regional", así como "completar y supervisar cuidadosamente las medidas en curso para luchar contra la economía sumergida y el trabajo no declarado".

La Comisión también reclama "completar la reforma del sector de las cajas de ahorro" y "finalizar la reestructuración de las cajas de ahorro de titularidad pública, con el fin de acelerar su plena recuperación y facilitar su vuelta a manos privadas". El Gobierno debería "fomentar los esfuerzos desplegados por los bancos para mantener ratios sólidas de capital y supervisar la actividad de la Sareb para garantizar que los activos se enajenen en los plazos establecidos, minimizando simultáneamente el coste para el contribuyente".

Bruselas reclama finalmente "eliminar los obstáculos restantes en el marco de la insolvencia empresarial -en particular mejorando los conocimientos especializados de los administradores concursales y la capacidad del sistema judicial para tramitar los asuntos de insolvencia- y desarrollar un marco permanente para la insolvencia personal".

En materia de lucha contra la exclusión social, Bruselas apuesta por "reforzar la capacidad administrativa y la coordinación de los servicios sociales y de empleo", "racionalizar los procedimientos para facilitar la incorporación al mercado de trabajo desde los regímenes de renta mínima" y "mejorar la orientación de los programas de apoyo a las familias y los servicios de calidad dando prioridad a los hogares de rentas bajas con hijos".

En definitiva todos estos puntos se reducen a uno “emplear a profesionales con la preparación adecuada para cada desempeño ya sean asesores, auditores e inspectores, privados o funcionarios públicos, porque está clarísimo que todo lo expuesto aquí se está pidiendo desde hace mas de dos años, pero no hay manera de que se mueva nada en este país y esto es por culpa de que en muchos de los puestos de gobierno, de la justicia, de la hacienda pública, de trabajadores y agentes de  ministerios públicos, se limitan a obtener una plaza y echarse a dormir y así pasan los días los meses y los años y todo continua igual o peor la ineficiencia publica es inacabable pero el gobierno y la política vieja y caduca de España no quiere verlo ya le va bien así es la forma de no tener que dar explicaciones, lástima que ahora se las pida Bruselas pero creo que ya es tarde.