martes, 7 de octubre de 2014

EN ESPAÑA NO SE APLICA JUSTICIA SE COBRAN VENGANZAS



El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado al juez Elpidio José Silva a 17 años y medio de inhabilitación por un delito de prevaricación y dos contra la libertad individual por las encarcelaciones del ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa y el empresario Gerardo Díaz Ferrán. Creo que todos mis lectores conocen los hechos pero para los que no sepan el porqué de que a un juez se le condene hagamos un pequeño resumen. El magistrado investigó la compra de un banco estadounidense y también un crédito de 26,6 millones de euros concedido en 2009 a Gerardo Díaz Ferrán, entonces consejero de la caja y propietario del grupo Marsans, (agencia de viajes y turismo) ya en la cárcel por otro caso.

Curioso verdad yo no entiendo mucho de leyes pero me precio de entender y tener sentido común y pienso que si un juez solicita encarcelar a un individuo que se ha gastado toda una caja de ahorros hasta llevarla a la quiebra dando el gastándose el dinero de sus depositantes en negocios imposibles y dándoselo a sus amigos de la mafia empresarial más antisocial de España como el antes citado Díaz Ferrán, yo le daría el beneficio de la duda al juez no al delincuente pero en España esto no va así aquí el hecho democrático de que eres inocente hasta que se demuestra lo contrario, se lleva a las últimas consecuencias, y contra más cerca del poder estas más inocente eres, en este caso más que el juez que ya es decir.  

En fin la cuestión es que la fiscalía del estado no quiso admitir o mejor tolerar que el citado Blesa fuese encarcelado y obligo al juez a liberarlo el porqué de esta situación tan curiosa no era otra que evitar que Blesa pudiese asustarse y empezar a cantar todo los que sabía de tantos prohombres cercanos a la cúspide del PP esto pasaba en el 2013.  Asi que el Sr. Blesa  se querelló contra el juez después de salir de la cárcel y Silva acabó siendo procesado, acusado de un presunto delito continuado de prevaricación y retardo malicioso en la administración de Justicia, aunque el juicio que comenzó en enero fue suspendido a finales de abril por su recusación a dos de los magistrados del tribunal que lo juzgaba.


La oligarquía empresarial y política de la derecha española no se sintió satisfecha con ello y siguió atacando al juez así que lo acuso también Silva estaba acusado también por un delito de revelación de secretos por publicar unos correos electrónicos del ex presidente de Caja Madrid. Que demostraban ciertos inicios de los delitos por el que el juez había ordenado la detención penitenciaria de Blesa. Para evitar que este pudiese manipular pruebas e incluso huir del país. El Tribunal también condenó a Silva, incapacitado para ejercer la judicatura desde febrero, a pagar 10.000 euros a Díaz Ferrán en concepto de daños morales.

Silva alcanzó la notoriedad después de enviar a prisión provisional a Blesa, al que imputó varios delitos al frente de la caja de ahorros ahora integrada en Bankia entre 1996 y 2009, y emprendió una campaña de denuncia de la corrupción en España y su extensión a la Justicia. y Silva como decía acabó siendo procesado, acusado de un presunto delito continuado de prevaricación y retardo malicioso en la administración de Justicia, aunque el juicio que comenzó en enero fue suspendido a finales de abril por su recusación a dos de los magistrados del tribunal que lo juzgaba. Silva lanzó una campaña mediática para afirmar que las acusaciones en su contra tenían motivaciones políticas y un efecto negativo en las investigaciones de casos de corrupción.

Baltasar Garzón, el ex juez español internacionalmente conocido por perseguir al dictador chileno Augusto Pinochet, y también fue acusado de prevaricación y suspendido de la carrera judicial en 2010 por grabar ilegalmente las conversaciones de algunos sospechosos del caso de corrupción Gürtel. (Que ahora han sido autorizadas a ser utilizadas por el imparable escándalo que este caso significa) afectando incluso a la casa real española. Es otro caso que demuestra que Elpidio José no es la excepción de la regla sino la confirmación del desastre y la politización de la justicia en España.

Caja Madrid se vio inmersa en problemas tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. Fue rebautizada como Bankia tras fusionase en 2010 con otras seis cajas, pero con miles de millones de préstamos tóxicos a promotores inmobiliarios, pronto necesitó un rescate de 22.500 millones de euros. El rescate de la caja, su desastrosa salida a bolsa de 2011, y los complejos instrumentos de deuda disfrazados de depósitos de ahorro desencadenaron una serie de investigaciones penales. Silva estaba investigando si Blesa esquivó las normas sobre la gestión de riesgos cuando Caja Madrid compró City National Bank of Florida en 2008.

En junio emitió un auto en el que dijo que había evidencias de cuatro delitos: societario, de administración desleal, falsedad de documento mercantil, y apropiación indebida y decretó prisión provisional para Blesa, quedó en libertad tras pagar una fianza y sus abogados luego se quejaron de que Silva había abusado de su autoridad. La fiscalía de Madrid abrió una investigación sobre el juez por prevaricación y retardo malicioso en la administración de justicia y delitos contra la libertad individual de Blesa.

Lo curioso del caso y que deja de nuevo en evidencia a la justicia y al gobierno de España es que la condena final del juez Silva se da después de que la semana pasada se conociera que más de 80 ejecutivos y directivos de Caja Madrid y luego Bankia usaron tarjetas opacas para gastos personales. Y naturalmente entre los investigados figuran Blesa otra vez y su sucesor en Bankia, Rodrigo Rato, que también fue ex ministro del Partido Popular y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional.

Bien esto es el gobierno de España políticos corruptos confabulaciones entre amigos de partido malversación de fondos gastos suntuarios pagados por la sociedad en fin creo que el lector entenderá porque el gobierno ha hecho actuar al tribunal constitucional en 48 horas para que suspendiese cautelarmente la ley de consultas no refrendarías de Catalunya,  y no es porque sea ilegal, es porque si se tira adelante y Catalunya se independiza de España, esta España que no he dibujado yo sino la acción de los mangantes políticos y empresarios aquí citados, no podría sostenerse económicamente así de claro

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