viernes, 24 de octubre de 2014

ESPAÑA CONTRA CATALUNYA ABIERTEMENTE, EL PP PASA A AMENAZAR LA INICIATIVA SOCIAL



El Gobierno parece estar más que dispuesto a impedir sea como sea que algunos ciudadanos españoles que vivimos en Catalunya podamos hacer un acto cívico y libre el próximo día 9 de noviembre, es increíble, después de impedir un acto legal dictado por el Parlament Catalán y refrendado por el presidente de la Generalitat, obligando casi a que  el tribunal constitucional    español lo admitiera a trámite bajo la sospecha de inconstitucionalidad quedando así suspendido,  ahora se inventa una nueva consulta pretendida para el 9 de noviembre por la sociedad civil a la que califica de bloque soberanista catalán.

Nunca he sabido de un gobierno legal, es decir democrático si en las  dictaduras, en que el gobierno califique a la sociedad de bloque ni soberanista,  ni subversivo, ni terrorista, a no ser que se hayan  producido actos de soberanía, subversión y/o terrorismo, pero el gobierno de España si lo hace, luego queda claro que no estamos ya en democracia, porque al parecer sociedad no se puede movilizar y preparar un acto cívico consistente en hacer un simulacro de algo que no puede hacer legalmente, porque él mismo lo prohibió. Así que como nos había levantado la curiosidad de saber que hubiese pasado en el caso de poder haber hecho oficialmente y legalmente lo que el gobierno autonómico había decidido y aprobado, pues prescindiendo del gobierno lo queremos hacer nosotros

Pero al parecer hasta una pantomima, un acto de fiesta sin obligatoriedad alguna sin valor político ni jurídico alguno, pero hecho por catalanes, al gobierno de España le da miedo o mejor dicho pánico,  y tanto es así que ha encargado un estudio a los servicios jurídicos del Estado, para que vea si se puede dejar a los catalanes salir un domingo de noviembre, a pasear e ir a depositar en unas cajas de cartón un papel hecho por ellos mismos, donde expresen una opinión ,  sobre qué tipo de evolución política les gustaría para su autonomía.

Lo bueno del caso es que el gobierno de España  dice que este procedimiento de "más antidemocrático" que el anterior, pero es que esto no es ni democrático ni no democrático esto es un acto civil sin ningún valor, salvo claro está el que el gobierno de España quiera darle, porque lo curioso del caso es que todavía no sabe si el TC juzgara antidemocrático o no al proceso oficial que presentaba las garantías de un referéndum, porque solo está suspendido, no declarado todavía anti constitucional.

Pero lo más curioso es que ahora nos llaman anti democráticos a los ciudadanos por querer salir un domingo de noviembre a hacer una encuesta de opinión que organizaran las asociaciones cívicas, y ciudadanos voluntarios que se prestarán a contar, y archivar los resultados que se obtengan a través de los ciudadanos, que libremente y voluntariamente, tengan ganas de expresarse mediante lo reflejado en un papel.

El gobierno de España se empeña en acusar el acto como el nuevo proceso de participación ciudadana impulsado por el presidente Artur Mas, a pesar de que precisamente este viernes dicho acto consultivo  ha sido respaldado por la organización cívica por el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, que aglutina a más de 3.000 entidades de todo tipo, incluidos partidos políticos, pero no al Govern de la Generalitat.

La 'número dos' del Ejecutivo ha señalado que la primera obligación del gobierno de España  es velar por que se cumpla la ley y los derechos y garantías de los ciudadanos, no se a que viene entonces esta amenaza de prohibirnos salir un domingo de noviembre como hizo cuando recurrió la convocatoria oficial, y que evidentemente el Govern de la Generalitat con el Sr Mas al frente suspendió, muy a pesar suyo.

Y es por eso que la ciudadanía que si quería manifestar su opinión de forma legal y organizada, ha decidido  un proceso distinto de participación popular  y han ido dando forma a un proceso civil y festivo que no tiene garantías democráticas alguna, sin ningún  censo previo, y que quien lo organiza está de acuerdo con una de las posturas pero que no obliga a que quien no lo esté ni que vaya ni que se identifique ni nada  de nada y además como ya ha hecho en varias ocasiones con mucho éxito por cierto, monta el procedimiento, lo controla y proclama el resultado de la encuesta obtenida.

A ojos del Gobierno, todo parece apuntar a que la Generalitat pretende sustituir un procedimiento ilegal por otro todavía más antidemocrático, en el que se pretende trasladar a los ciudadanos responsabilidades y obligaciones que el mismo president no asume por escrito, y dale es que no lo hace ni el president ni la Generalitat ni el Govern. Lo que está haciendo el jefe del Govern, según Santamaría, es depositar o descargar en los ciudadanos y en todo tipo de funcionarios (estos no son ciudadanos según el gobierno de España), una responsabilidad que no les corresponde.

Toma ya, ahora como decía antes ya no nos corresponde ni organizar un acto festivo y una encuesta no oficial sin valor jurídico ninguno, es decir ya no podemos hacer lo que queramos hacer siempre que no perjudiquemos a nadie, pero parece que  al “democrático” gobierno de España no le gusta ni que los catalanes nos pasemos un buen rato contando cuantos pensamos más o menos igual.

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